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8. La Comisión Parlamentaria de Colonización[121]

A pesar de los oídos sordos, en 1911, un grupo de parlamentarios, en comisión mixta de diputados y senadores, se dirige a las regiones en proceso de colonización, con el fin de cerciorarse en terreno y en la voz de los propios habitantes, de los diversos conflictos que se habían arraigado desde el fin de la guerra con los mapuches. En esta ocasión, concurren a las audiencias públicas de la Comisión, centenares de chilenos y mapuches a denunciar y estampar sus reclamos frente a los parlamentarios.

Los innumerables reclamos de los habitantes de la zona, además de los informes de los funcionarios involucrados en el problema; Protectores de indios, inspector general de colonización, funcionarios de la Comisión Radicadora de Indígenas, interventor fiscal de colonias y hasta los médicos, dieron como resultado un informe final, publicado en 1912, donde se expone con crudeza la serie de fraudes, maniobras, engaños y violaciones generales de la ley que afectaban a los mapuches, en lo que concernía a la propiedad de sus tierras.

El trabajo de la comisión fue acucioso y devela de manera clara y desde la voz del parlamento de la época, los diversos mecanismos de expoliación de las tierras indígenas utilizados por los particulares y la debilidad demostrada por el Estado frente al proceso; la falta de recursos, las trabas administrativas, la falta de personal, la indefensión de los funcionarios frente a la mayor influencia de los particulares sobre notarios, abogados y jueces, etc. Además, se critican ciertas leyes que al ser mal aplicadas, allanaban el camino al fraude.

Como remedio a los problemas constatados, la Comisión, en el mismo informe, propone una serie de transformaciones en el proceso de colonización, fundamentalmente en el ámbito legal, de modo de reforzar lo que se denomina como protección de las tierras indígenas, frente a los particulares.

Por último, el informe expone uno por uno los listados de casos de los indígenas que reclaman por los problemas generados con respecto a su propiedad. Deslindes, solicitud de amparo frente a abusos de particulares, solicitudes de radicación definitiva, división de comunidad y otros.

En el primer capítulo del Informe, se hace referencia a las razones que motivaron la constitución de la Comisión y a las características de su trabajo:

“Con motivo de denuncios hechos en varias ocasiones ante la cámara de diputados, sobre abusos cometidos con ocupantes de tierras y colonos nacionales en algunas zonas de colonización, aquella tuvo a bien designar, en sesión de 21 de Diciembre de 1910, una Comisión Parlamentaria para que se trasladara á las provincias de la Frontera é indicara los procedimientos que permitieran realizar cuanto antes la constitución de la propiedad en aquella región... [122]”.

Los parlamentarios se preocupan de exponer con claridad, el objetivo fundamental del trabajo realizado; constatar los problemas generados en la zona, como consecuencia de la deficiencia en la aplicación de leyes y los vacíos legales existentes.

“Las quejas de los ocupantes de tierras, de los colonos nacionales, y á las cuales debemos agregar la de los indígenas, ¿procedían exclusivamente de abusos de los concesionarios, ó de los usurpadores de grandes extensiones de tierras fiscales, ó de actos indebidos de los ocupantes y colonos? ¿ó provenían, también, de vacíos de las leyes vigentes o de deficiencias de su aplicación? En buena parte, de esto último, como desde luego vamos á manifestarlo...[123]”.

Una vez concluido el trabajo y realizadas las audiencias públicas en las distintas zonas, los miembros de la Comisión afirman que:

“Muchos reclamos son justificados: que los indígenas suelen ser víctimas de gentes inescrupulosas y á veces de inhumanas, que los hostilizan, los maltratan ó se valen de argucias abogadiles para despojarlos de lo suyo; que su radicación se hace con despacio,

(...) que otros son perseguidos por vías de hecho o judicialmente, por detentadores injustos de tierras del Estado, que aspiran por este medio a afirmar sus pretensiones de dominio sobre las mismas; que algunos concesionarios tratan de desalojar sin razón á personas establecidas dentro de sus concesiones; que hay ocupantes que se instalan donde no les corresponde; y que la acción de las autoridades aparece en ciertos casos amparando, más las arbitrariedades del fuerte que los derechos del débil...[124]”.

A continuación, se asocian estas arbitrariedades al surgimiento de fuertes conflictos y tensiones en la zona:

“Todo esto ha tenido naturalmente que producir un malestar, que se palpa en aquellas regiones y del cual no es posible desentenderse. Ha habido graves atentados y hay un sinnúmero de procesos criminales, de querellas posesorias entre detentadores de tierras, y de juicios de particulares entre sí y de estos con el Fisco, que no obtiene, por lo general, la mejor parte, por falta de pruebas ú otras deficiencias en la defensa... [125]”.

¿Cuál es la causa para que el Estado no tenga la capacidad de controlar los abusos en la zona? Es la pregunta de los parlamentarios. La raíz del problema radica en la incapacidad del Estado de hacer valer las leyes de 1866 y 1874, que buscaban proteger la tierra de los indígenas, en una época en la que todavía había “... lucha con el araucano y territorios inexplorados, lo que impedía definir exactamente en que consistía la propiedad indígena... ”. Desde entonces, se afirma que el interés por adquirir las propiedades se ha desarrollado en un medio legal defectuoso, que explica la detentación abusiva de propiedades fiscales, el despojo de la propiedad indígena; la indeterminación de los deslindes, la variación, muchas veces, dolosa de estos, la dificultad de establecer posesión sobre hechos concretos y que pueden significar un ejercicio efectivo de los atributos del dominio, sobre una determinada extensión de suelo; los abusos que se cometen cuando se trata de probar por testigos la posesión ante tribunales de justicia; la preparación artificiosa de títulos de propiedad, valiéndose de las mismas disposiciones creadas por la ley para hacer pública y estable la propiedad raíz; contratos ficticios, particiones simuladas, inscripciones fraudulentas, etc, etc, ...[126]”.

8.1. Los informes de los Protectores de Indígenas

El cargo de Protector de Indígenas era una institución heredada de la colonia, eliminada poco después de la Independencia y puesta nuevamente en funcionamiento hacia mediados del siglo XIX, con el fin de enfrentar los crecientes abusos que se producían en contra de la propiedad indígena.

Este no era un funcionario con poder resolutivo, sino que más bien informaba de los problemas y demandas de los indígenas respecto de la propiedad de la tierra. Sus atribuciones consistían en la entrega de Títulos de Merced y en dejar constancia de los reclamos que surgieran al respecto de parte de los indígenas favorecidos, además de realizar las gestiones administrativas necesarias para enfrentar casos en que figuraran terrenos fiscales sobre tierras utilizadas por los indígenas, y de patrocinar a los indígenas en casos de abusos de particulares. Tenía también otras funciones menores.

En el informe de la Comisión, los protectores realizan un pormenorizado diagnóstico de los problemas que enfrentan al llevar a la práctica sus atribuciones, entregando una visión sobre los numerosos mecanismos de apropiación fraudulenta de tierras utilizadas por los particulares en las distintas zonas asignadas y realizan propuestas concretas para enfrentarlas. Queda claro en estos informes, que la institución de los Protectores de Indígenas era extraordinariamente débil en comparación con otros funcionarios del Estado, su número es escaso, la cantidad de indígenas a cargo enorme, los recursos muy menguados y las atribuciones limitadas. Es decir, la protección de la propiedad y los derechos de los indígenas, no constituía en ningún caso una prioridad para las autoridades de la época.

Se ha seleccionado, del contenido de estos informes, aquellos aspectos más relevantes para comprender la situación de los indígenas de la zona en la época y las limitaciones que tenían estos funcionarios del Estado, para oponerse a quienes ejercían abuso y manipulaban la ley según sus propios intereses.

8.2. Sobre los abusos cometidos por particulares en contra de los indígenas y la incapacidad de los protectores para defenderlos

Manuel Oñate, Protector de Indígenas de Malleco, señalaba que habían sido creados cuatro cargos de protectores por la Ley de Presupuestos, a los cuales algunos litigantes les desconocían su autoridad. Es así cómo la acción del Protector de Indígenas tenía que ver en gran medida con la conducta de funcionarios de menor rango que obstaculizaban el normal desarrollo de los juicios, complicándolos y alargándolos indefinidamente. Así como con los usurpadores de terrenos de indígenas, especialmente los de mayor poder económico e influencia, que utilizaban los medios a su alcance para impedir su desalojo de los terrenos ocupados indebidamente[127].

En los juzgados menores, los indígenas eran estafados por medio de la confabulación del juez, el actuario, y el acreedor. Era de uso corriente que se instauraran ejecuciones con pagarés firmados “á ruego” por los indígenas, los mismos que eran extendidos con el mismo tipo de letra desde comienzo a fin, incluyendo las firmas de los testigos, que se decían llamados a suscribir “á ruego”. Asimismo algunos comuneros arrendaban la mayor parte de la reserva a particulares, y estos expulsaban de los terrenos a los indígenas que se negaban a darlos en arriendo.[128]

Manuel Labbé, por su parte, Protector de indígenas de Cautín,[129] manifestaba que los escribanos públicos de la provincia de Arauco otorgaban escrituras en que los indígenas, sin intervención de dicho Protector, se confesaban deudores a favor de terceros por cuantiosas sumas de dinero que, de acuerdo a sus recursos, su escasa experiencia en negocios y en actividades de carácter productivo, ofrecían fundadas dudas acerca de la efectividad de tales préstamos.

Decía tener conocimiento de la frecuencia con que los indígenas se constituían deudores a corto plazo, de las numerosas ejecuciones que se ejercitaban en su contra y que los embargos que de ellos procedían, eran ejecutados comúnmente en predios pertenecientes al Estado o en terrenos en que los deudores no tenían dominio legal por no habérseles entregados Títulos de Merced en conformidad a la citada ley[130]. La Ley del 4 de diciembre de 1866 contemplaba en los territorios indígenas, -“frase más comprensiva que territorio fronterizo de indígenas”- la presencia de dos copropietarios de sus suelos, el poseedor originario y el Estado, y sentaba la regla general de que todo terreno en el cual los indios no prueben posesión efectiva y continuada por más de un año, sería reputado como terreno baldío ó fiscal (Art°s. 6° y 7° n° 1°).

Para proceder con el método indicado por la Ley, se debía en primer término, radicar a los indígenas y una vez hecha la radicación, habría que determinar el sobrante que era de propiedad del Estado. El Fisco habría conocido perfectamente la extensión de terreno que le pertenecía, pero no se actuó siguiendo esa línea, ya que al mismo tiempo que se radicaban indígenas, paralelamente se formaban hijuelas para remates, se daban lotes de terreno en arrendamiento, se donaban suelos a colonos, y se realizaban enormes concesiones de suelos a particulares también para la colonización.[131] Aún más, en muchas ocasiones, se procedió primeramente a rematar hijuelas, colonizar, etc., y en el sobrante fueron radicados los indígenas. Es decir, la ley fue aplicada en sentido inverso. El Fisco dispuso libremente de las tierras y en el resto de los suelos radicó a los indígenas, generando por una parte, conflictos y enredos de todo tipo, y por otra, la escasa disponibilidad de suelos para los indígenas, lo que motivaba periódicos viajes de los mapuches a la capital a interponer quejas por el despojo de sus terrenos.[132]

Esto también provoca la desigualdad en la adjudicación de terrenos, ya que al mismo tiempo que se conceden millares de hectáreas a empresas particulares, para los indígenas de algunas zonas, principalmente Quepe, Metrenco y Maquehua, las concesiones de tierras apenas llegan a dos o tres hectáreas por persona.[133]

Los Protectores Manuel Labbé y Manuel Oñate, anteriormente citados, llaman la atención de la Comisión, respecto a los motivos que los inducen a rechazar el inciso 6° del artículo II y el artículo 19 del proyecto aprobado por el Senado de la época. El inciso en cuestión fue agregado en dicha Cámara y estaba concebido en los siguientes términos: “El abandono ó ausencia por más de cinco años continuos de las hijuelas en que hayan sido radicados los indígenas, hará volver al Estado la propiedad de dichas hijuelas”.

Tal disposición daría lugar a muchos abusos; así, conocían los casos de propietarios colindantes de indígenas, que habían ahuyentado a estos, hostilizándolos o proporcionándoles dinero para que emigrasen hacia Argentina. Una vez despejada la hijuela, entraban en posesión de la misma introduciéndole mejoras. Los dueños una vez regresados no las recuperaban, hasta que el gobierno hubiese desechado la solicitud de los usurpadores de concesión de esos terrenos, en calidad de colonos, justificándose en su aparente desocupación y abandono por parte de los indígenas. Los mencionados protectores decían haber tenido que informar varias de esas solicitudes, las que debían ser rechazadas por cuanto los bienes de los indígenas eran propiedad privada, que sólo podía pasar al Estado, en su carácter de heredero ab-intestato, en ausencia de otros “de mejor derecho”. Conocían, también, solicitudes en que se había tenido la audacia de pedir que se sacaran a remate o se adjudicaran a alguien, en calidad de colono nacional, terrenos de indígenas que aún vivían en ellos, pretendiendo probar así que los indígenas existentes no eran los matriculados, sino otros, radicados en terrenos distintos y que se habían apoderado arbitrariamente del que se reclamaba[134].

El Protector de indígenas de Llanquihue, señalaba que era norma general el negar a los indígenas litigantes su calidad de tales, y por ello era menester acreditar por medio de prueba testimonial que el demandante era efectivamente indígena, porque sus ascendientes lo fueron, por su idioma, costumbres y apellidos. Sin embargo, se intentaba desvirtuar esta prueba por medio de perjuros, que generalmente tenían intereses arrebatados a otros indígenas, dificultando la prueba de estos indígenas con continuas postergaciones de las sesiones de prueba, con amenazas y cohecho a los testigos de sus representados.[135]

Por su parte, el Protector de Indígenas de Valdivia, afirmaba que los juicios de partición se multiplicaban de un modo alarmante, y que por regla general eran los accionistas indígenas los perjudicados. En la partición del fundo Nolgehué, por ejemplo, sobre la cual habían informado a la Inspección, habían desfilado cerca de cien indígenas como comuneros o accionistas de ese predio, de los cuales quince o veinte habrían de abandonar sus posesiones a cambio de la suma de $ 11.65 que se les adjudicó en ese juicio divisorio.

Ante esa situación, se preguntaban acerca del papel que correspondía al Protector en presencia del lanzamiento de los indígenas nacidos y criados en esos predios; así cómo hacer para impedir una partición cuando el artículo 1317 del Código Civil amparaba los derechos de los co-asignatarios que pretendía la división. Quienes se encontraban descontentos les llevaron sus quejas y así se impusieron del expediente, estudiaron su tramitación y constataron que existía una barbaridad legal[1].

De igual manera, existían juicios seguidos por los indígenas, patrocinados por agentes judiciales; juicios mal iniciados, mal atendidos y en los cuales los indígenas tenían que pagar por honorarios de sus defensores los pocos animales que les restaban. Cuando ya el defensor nada tenía que obtener de ellos, abandonaba el juicio o realizaba transacciones que, naturalmente, jamás eran en beneficio del indígena.

Desde el 15 de marzo al 31 de diciembre del 1910, se presentaron al Protectorado de Indígenas cuatrocientos sesenta y ocho reclamantes indígenas. Con tal motivo el Protector hizo las siguientes presentaciones[137]:

TABLA Nº 4. Reclamos ante el protectorado de indígenas

A los juzgados de Valdivia y la Unión	75
A la Ilustrísima Corte de Apelaciones	16
A jueces compromisarios	16
Al tercer grupo de carabineros	61
A la Inspección de Colonización	17
A la Comisión Radicadora	29
A los jueces de menor cuantía	106
Oficios varios	42
Total de piezas	362

8.3. Propuestas de transformación al Protectorado, para hacer más efectiva la acción de los Protectores de Indígenas

Frente a la escasa eficacia de los protectorados de Indígenas, la Comisión Parlamentaria propone una serie de cuatro medidas para transformar dichos protectorados, y de esta manera, permitir que pueda cumplir con sus objetivos. Las transformaciones propuestas son las siguientes:

a) Ser facultados, por medio del ingeniero del Protectorado, para la práctica de la división de las reservas. Adjudicar a cada comunero la parte que le corresponda, tomándose razón de estas divisiones en los títulos correspondientes, agregándoles actas complementarias y un plano explicativo.

b) Inscribir los Títulos de Merced en el Conservador de Bienes Raíces del departamento en dónde estaban ubicados los terrenos a que se referían los títulos. Sucedía que, como esos terrenos no aparecían inscritos en el Conservador del departamento en donde estaban situados, se presentaba cualquier persona vendiéndolos a otro particular, publicando los avisos legales. Una vez vencidos los treinta días de la publicación, el Conservador inscribía la venta, obteniendo el particular un título aparente que para anularlo, debía iniciarse y tramitarse un juicio largo y engorroso, permaneciendo mientras tanto el particular, en posesión de los terrenos litigados.

c) Imponer una pena a los notarios que otorgaran escrituras públicas sobre terrenos de indígenas, contraviniendo a la prohibición que establecía el inciso 2° del artículo 2°, de la ley de 11 de enero de 1893.

d) Establecer que la imposibilidad de los indígenas de desistir por sí mismos de las acciones judiciales entabladas por los Protectores, y su no obligación de pagar la contribución de haberes.

8.4. Lista de reclamos audiencias publicas[138]

A continuación se presenta el listado de los mapuches que hicieron públicos sus reclamos frente a la Comisión Parlamentaria de Colonización, en las distintas audiencias públicas en que dicha Comisión se fue constituyendo en su recorrido por el sur del país.

a) Temuco, 15 de febrero de 1911

El Informe de la Comisión Parlamentaria señala que “A las 2 p.m. se constituyó la Comisión en audiencia pública en la oficina de la Comisión Radicadora de Indígenas. Presidió el señor Gutiérrez don José Ramón, y asistieron los señores diputados Quezada don Armando, Rivera don Luis Alfredo y Torrealba don Zenón. Se presentaron a la comisión las siguientes solicitudes de personas indígenas:

TABLA Nº 5. Comisión Parlamentaria de Colonización. Audiencia Pública, Temuco 15 de febrero de 1911: solicitud de indígenas

Temuco	Solicitud
Quidel Juan Toribio	Exención de contribución
Lianquihuen J. Luis	“
Huiana Ignacia	“
Tripalao Juan	“
Caniú Domingo	“
Quean Francisco 2°	Radicación título de merced.
Llanca Segundo	“
Huachacura Cayuqueo	Se radique en otra parte a J. Benque
Mariqueo Juan	Se fijen deslindes
Yubril Mariano	Aumento cabida
Huachapan Andrés y otros	Se fijen deslindes
Seguel Juan y otros	“
Cea Tránsito	Aumento cabida
Barriga Guillermo	Se radique a indígenas que indica.
Maquiriao Juan	Se fijen deslindes
Yubril Sandoval	Reclama despojos
Epul Lorenzo	Radicación y título de merced
Huentenao Antonio	Reclama usurpación
Palma Eugenio	“
Nahuelhual Pedro y otros	“
Llancapao Francisco	División comunidad 135
Quidil Juan	“

b) Gorbea, 17 de Febrero de 1911

La Comisión se constituyó en audiencia pública en las oficinas de la estación del ferrocarril. Concurrieron a la audiencia los señores diputados: don José Ramón Gutiérrez, don Luis Alfredo Rivera, y don Zenón Torrealba. Se presentaron las siguientes solicitudes de personas no indígenas.

TABLA Nº 6. Comisión Parlamentaria de Colonización. Audiencia Pública, Gorbea 17 de febrero de 1911: solicitud de indígenas

Gorbea	Solicitud
Hueche Santiago	Radicación y título de merced
Antillanca Francisca	Amparo
Videla v. de Catricheo Marta	“
Ancan v. de Antillanca Milagro	Aumento de cabida
Alun v. de Antillanca Milagro	Radicación y título de merced.

c) Loncoche, 18 de Febrero de 1911

La Comisión sesiona en la Oficina Oficial del Registro Civil. Se encontraron presentes los señores diputados: don José Ramón Gutiérrez, que la presidió, don Luis Alfredo Rivera y don Zenón Torrealba. En dicha audiencia, se presentaron las siguientes solicitudes por parte de personas indígenas.

TABLA Nº 7. Comisión Parlamentaria de Colonización. Audiencia Pública, Loncoche 18 de febrero de 1911: solicitud de indígenas

Loncoche	Solicitud
C Cheuquepan A. Hilario	Radicación y título de merced
Namoncura Valentín	“
Antillanca Fermina	“
Huentemilla Manuel	“
Maricán J. del C. y otro	“
Ancan Martín y Lemonao Juan	“
Painen Ignacio	“
Pallalef Antonio	“
Alcan Segundo	“
Carillanca Mart¡n y Bernardino	“
Acevedo Francisco Colicheo Segundo	División de la comunidad
Huenteñan Pedro	“
Chañarmilla Francisco	Amparo
Lefiman Norberto
Huenupi Victoriano	“
Raipan José	“
Molfinqueo Blas	“
Cheuquellan Francisco	“
Ñanco Victoriano y otro	“
Emihueque J. Manuel y otro	“
Mallolafquen Lorenzo	“
Ma Marilaf Félix y otros	“
Colpihueque Segundo y otros	“
Paihuanque Felipe y otros	“
Huentelaf Juan de Dios y otros	“
Millanao Joaquín y otros	Amparo
Loncomilla Manuel y otros
Calfin Francisco	Reclama contra la Sociedad Queule
Antileu Miguel	“
Raipan Pedro y otros	“
Llancaman Manuel y otros	Reclama contra la Sociedad Ricci
Allapi Juan	Se fijen deslindes
Calfuala Manuel	Aumento de cabida
Antilef Toribio	“
Lifimir Antonio	“
Antilef Manuel	“
Raipan Toribio	“
Antillanca Francisco	“
Lemonao Manuel	“
Llancanil Valentín	“
Raninqueo Juan y otros	“

d) Villarica, 20 de Febrero de 1911

La Comisión se constituye en audiencia pública, en la Oficina Oficial del Registro Civil. Concurrieron a la audiencia los señores diputados: don Luis Alfredo Rivera y don Zenón Torrealba. Se presentaron en las audiencias las siguientes solicitudes por parte de personas indígenas.

TABLA Nº 8. Comisión Parlamentaria de Colonización. Audiencia Pública, Villarrica 20 de febrero de 1911: solicitud de indígenas

Villarrica	Solicitud
Peuchuluf Pedro	Radicación
Leancafil Andrés	“
Pichinao Domingo	“
Almonací Eusebio	Radicación
Payupan Pedro Rosas	“
Antimilla Nicolás	Aumento de cabida
Peuchuluf Felipe	“
Quilocan Juan	Título de merced
Alcapán Francisco	“
Huenulpan Juan	“
Ancalef Pedro	“
Melillanco Francisco	“
Quileñan Francisco	“
Nahuelqueo Antonio	“
Nauquepán Hilario y Fernando	“
Quiñenao Antonio y otros	“
Neculpan Toribio	“
Peuchulef Pedro	“
Antilef Antonio	“
Conupan Silverio	“
Almonací Casimiro	“
Almonací Esteban	“
Ancahuala Gabriela	Título de merced
Calfil José y otro	“
Ancalef Pedro	Amparo contra colonos
Colihueque Eduardo y otros	“
Henríquez C. Ángel	“
Calfunao Antonio y otros	Amparo contra Ángel C. Henríquez
Huenchulef Francisco	Amparo contra Germán Jaramillo
Lefipán Alberto	Amparo contra Pedro Rivera y otros
Huenchulef Alberto	Amparo contra Isaías Mera y otros
Pichupillán Martín	Amparo contra Domingo Contreras
Coñupán Juan de Dios	“
Huenaihuen Carlos	“
Colipán Mariano	“
Herisca Pedro	“
Puñalef Juan y otros (37)	Amparo contra Prudencio Mera
Alcapán Nicolás y Turrieta Luis	Aumento de cabida
Camulef José Luis	“
Calfanai Martín	“
Cayeilef Juan	“
Herechecai Juan	“
Lefiguir Manuel	“
Colihueque Eduardo	“
Lefiante Tomás á Colihueque Manuel	“
Huenupí Victoriano á Jaramillo Desiderio.	Escritura compraventa.
Millahueque José á Mera Hilario	“
Calfunao Turra á Calfunao Antonio.	Escritura compra venta
Hualquillán Collinao á Cabrapán Jacinto	“
Resolución sobre partición de herencia de Juan Lefipán.	“

e) La Paz, 21 de Febrero de 1911

Durante esta audiencia pública, se encontraban los señores diputados: don José Ramón Gutiérrez, y don Zenón Torrealba. Se presentaron las siguientes solicitudes de parte de personas indígenas.

TABLA Nº 9. Comisión Parlamentaria de Colonización. Audiencia Pública, La Paz 21 de febrero de 1911: solicitud de indígenas

La Paz	Solicitud
Cheuquelán Luciano	Amparo
Catrihual Manuel	“

f) Valdivia, 22 y 23 de Febrero de 1911

La Comisión se constituyó en audiencia pública en la Intendencia de la ciudad. Asistieron a la audiencia los señores diputados: don José Ramón Gutiérrez, don Armando Quezada, don Luis Alfredo Rivera y don Zenón Torrealba. Se presentaron las siguientes solicitudes por parte de personas indígenas”.

TABLA Nº 10. Comisión Parlamentaria de Colonización. Audiencia Pública, Valdivia 22 y 23 de febrero de 1911: solicitud de indígenas

Valdivia	Solicitud
Caripán José Antonio	Amparo
Huichahuala Francisco	“
Loncomilla Feliciano	Amparo y apertura camino
Vera Colli José	Amparo
Sigifredo de Trahunhaus	“
Maquilefi Autonio	“
Aburto Eugenio	“
Carín Antonio	“
Millagual Miguel	Aumento de cabida
Cañiuman Basilio	“
Curiqueo María	Apertura de camino
Molina v. de V. Tránsito	Entrega de hijuela
Neculman Francisco y otros	Radicación
Collimil Hilario	Amparo
Cancumil Juan	“
Aburto Panguilef Manuel	“
Curín Antonio	“

g) Octay, 1 de Marzo de 1911

Se constituyó la Comisión en audiencia pública con asistencia de los señores Diputados: don José Ramón Gutiérrez y don Zenón Torrealba. Se presentaron las siguientes solicitudes.

TABLA Nº 11. Comisión Parlamentaria de Colonización. Audiencia Pública, Octay 1 marzo de 1911: solicitud de indígenas

Octay	Solicitud
Llaitril Juan José	Radicación
Catrilef José 2°	“
Loncón Custodio y Efraín	“
Haitul Juan José	Amparo contra Sociedad Rupanco
Inay Juan Manuel	“
Catrilef Pedro	“
Lenay Valentín	“
Guilagual Francisco	“
Catrilef Sixto	“
Inay José Miguel	“
Loncón Antonio	“
Currieco Domingo y otros	“
Paichul J. Miguel	Radicación
Rantal J. Esteban	“
Llefé Pascual	“
Marileo Clorindo
Quisel Pailahueqne S. Angel	Radicación
Quisel Juan Manuel	“
Llege J. Miguel	“
Carril Antonio	“
Quimado Mauricio	“
Lemiú Felipe	“
Kinai Juan Manuel	“
Epingao Pedro José	“

h) Osorno, 2 de Marzo de 1911

La Comisión se constituye en audiencia pública en la oficina del Protectorado de Indígenas. Asistieron los señores Diputados, don José Ramón Gutiérrez y don Zenón Torrealba. Se presentaron las siguientes solicitudes de personas indígenas.

TABLA Nº 12. Comisión Parlamentaria de Colonización. Audiencia Pública, Osorno 2 marzo de 1911: solicitud de indígenas

Osorno	Solicitud
Mellao A. Felix	Pide título provisorio de ocupante
Comugual Juan	“
Ancun Manuel y otros	“
Queulo Luis M. y otros	Título de merced
Antriqueo Juan José	“
Naikef Juan F.	“
Imilpan Juan A.	Radicación
Chung Llafquen José S.	“
Treumun Domingo	“
Puenuman Juan A.	“
Carril José M. y otros	“
Levitureo Guillermo	Radicación
Huenuan José M.	“
Bahamondes José	“
Guenchullanea José A.	“
Inayao Santiago	“
Neipán Juan de D.	“
Guanuman Juan A.	“
Llaituqueo Pedro y otros	“
Epuyac Pedro y Antonio	Amparo
Cumian Juan y otros	“
Naipán Francisca	“
Nailef Juan Francisco y otros	“
Pailalef Juan y otros	“
Gueiquian José Antonio	“
Oaniu José Miguel y otro	“
Ancun José M. y otros	“
Semuí Juan B.	“
Muñoz José del T. Y otros	“
Naguian Juan A. y otros	“
Guenchuan Mariano	“
Alcapán Juan F.	“
Inulpán Juan Manuel	“
Inalaf Juan A.	“
Treumun Juan Fermín	“
Huenchulef Margarita y otros	“
Calfo Pedro	“
Huiaé Juan F. y otros	Amparo
Pailalef Pedro	“
Yuai Coli José M.	“
Cumian Juan	“
Millaqueo José D.	“
Millacho Mateo	“
Pailalef Mateo y otros	“
Comigual José M.	“
Trerumun Juan M.	“
Llaituqueo Victoriano	“
Pailalef José Miguel y otros	“
Ancapichun María y otros	“
Lefuan José M. y otros	“
Guantro Pascual y otros	“
Pairican Juan de la C. y otros	“
Quintul Juan M. y otros	“
Laifen Juan y otros	“
Caipil José M. 2.	“
Huencherau Juan de D.	“
Pairil Francisca	“
Daifeu Margarita	“
Caipil José M.	“
Cumian José del C.	“
Quirichagual Pedro	“
Guanque Mariano	“
Catrilef Juan y otros	“
Hueuchual Juan	Amparo
Quintupurrai Juan A.	“
Nancucheo Pedro M.	“
Neupán José y otros	“
Guenuanca Plácido	“
Pinol Francisco	“
Pañinamun Petrona	“
Punol José Fermín	“
Cainiupán Esteban	“
Neipán Silverio	“
Nailef Juan Francisco	“
Cayo Angelita	“
Quilagual Pedro	“
Nupan Juan de D.	“
Rauque José del T.	“
Tregna José A. y otro	“
Cogue Juan A.	“
Caulle Pedro	“
Epuyac Juan de C. y otros Amparo	“
Hualamau Pedro	“
Neipán Juan de Dios	“
Neupán Pablo	“
Quintrupa y Domingo	Se le entregue el lugar que ocupa
Ancapiclion, Pedro	Nulidad de una venta

Cunco:

Las solicitudes realizadas por personas indígenas, presentadas en Cunco a la delegación de la Comisión, son las siguientes:

TABLA Nº 13. Comisión Parlamentaria de Colonización. Audiencia Pública, Cunco: solicitud de indígenas.

Cunco	Solicitud
Huenchulaf Juan	Aumento de cabida
Quidel Juan	“
Chigualaf Antonio	“
Catrilaf Vicente	Remensura
Melillan José María	“
Catrilaf Juan	“
Correntino Juan	“
Monquel Juan	“

j) Santiago, 21 de Junio de 1911

La sesión de la Comisión Parlamentaria de Colonización, fue presidida por el diputado, señor don José Ramón Gutiérrez, y asistieron los señores don Enrique García Huidobro; don Manuel Rivas Vicuña y don Zenón Torrealba.

El secretario expuso que, en virtud de la instrucciones del señor Presidente, hizo una clasificación de todas las solicitudes presentadas a la Comisión en su gira a las provincias de la Frontera y de otras mandadas directamente a la Secretaría de la Comisión en Santiago.

El cuadro de las solicitudes presentada por indígenas es el siguiente:

TABLA Nº 14. Comisión Parlamentaria de Colonización. Audiencia Pública, Santiago 21 junio de 1911: solicitud de indígenas

Solicitud de indígenas
Amparo	278
Radicación ó título de merced	130
Amparo	278
Aumento de terreno	63
Deslindes	42
División de la comunidad	23
Exención del pago de contribución de haberes	11
Nulidad de escrituras de ventas	10
Remensura de terrenos	6
TOTAL	2,117

k) Las solicitudes dirigidas á la secretaria son las siguientes, durante el mes de Marzo de 1911:

TABLA Nº 15. Solicitudes Dirigidas a la Secretaría de la Comisión Parlamentaria de Colonización. Marzo 1911

Solicitudes
Aguil v. de Nanquin María	Pide título de ocupante
Garipillan Laurencio	“
Millanao Pedro	Título de merced
Qolicheo Felipe	Amparo
Ñorquin Llanquinao	“
Llancar Manuela	“
Jeje Antonin y otros	“
Puiñancon José Miguel	“
Guinuiai Filomena	“
Cuicui Vicente	“
Chenquel Agustín	“
Lemunao Virginio	“
Villalaco Francisco	“
Colimán Pablo	“
Pilquinao Juan	“
Meliqueo Quiñelive	“
Painen Francisco	Amparo
Rupallan levencheo	“
Huala J. Florencio	“
Rupailao Beatriz	“
Nahualpan J. Maria	“
Huenulmilla Toribio	“
Alicoi Marcos	“
Almonacid P. Steban	“
Mauquenahuel Lameano	Radicación
Nahuelpan Felipe	“
Huenchupal Ignacio	“
Levil Antonio	Amparo
Leviñir Alejo	Deslindes
Herdo Juan	Deslindes
Cárielo Lorenzo y otros	Aumento de cabida
Cheuquehual Ignacio y otros	“
Guitrainao Juan	División de comunidad
Lefipan Juan	Nueva radicación
Pilquinao Juan	“
Lizama Cubil	“
Quihecura Juan A.	“
Chudiman Huinca	“
Painequeo Juan	Radicación
Calfuir Pascual	“
Raquileo Juan	Radicación y título de merced
Oliden Jacinto	Radicación
Catriman v. de Juan	Radicación y título de merced
Cayuman Ramón	“
Nahuepin Pascual	“
Linguen Pascual	“
Huiquipan Francisco	“
Epullan Manuel	“
Frecanao Nancumil	“
Currin Huencho	“
Coña Lina v. de Antiman	“
Marialao Pedro	“
Millaqueo José Manuel	“
Lepin Juan	“
Rain José	“
Naucumil Juan Antonio	“
Quentreman Antonio	“
Huenchucura Antonio	“
Mulato José Luis	Radicación
Caniulaf Antilao	“
Porma José	“
Panguilef Rafael	Título de merced. Aumento de cabida
Huican Juan A. y otros	Aumento de cabida
Cayuqueo Tomás	“
Collihuin Felipe	“
Curihuinca Martín	“
Curitol Pedro	“
Levin Manuel y otros	“
Catrilef Juan	Aumento de cabida
Morales Juan	“
Melillan José María	“
Huinca Catril	“
Catrilaf Vicente	“
Chingualaf Juan Antonio	“
Huinchal Francisco	Aumento de cabida y amparo
Liviman Bartola	“
Huenchullan Ignacio y otros	Título de merced y radicación
Guinpan Juan	“
Silva José	Título de merced y amparo
Torres Pedro	“
Paillan Catrinao	Amparo
Torres Pedro	“
Paillan Catrinao	Amparo
Tripainao Juan Manuel	“
Cárdenas Tomás	“
Pitripan Juan Manuel	“
Huenchugui Juan B.	“
Quenlupan Lorenzo	“
Calcumil José	“
Pancho Isabel	“
Colihuinca Mariano	“
Cayupil Leftuit	“
Nacuhual	“
Treman Alarcón	“
Nahuelpan Bernardino	“
Colin José	“
Trafian Manuel	Amparo
Neimañ Fernardo	“
Nancon Bernardo	“
Colihuinca Coeñuir	“
Gallardo Franamil	“
Carialo Luis	“
Anceguada Bartola	“
Lepuel Ricardo	“
Millahueque José Agustín y otros	“
Marileo Juan 2°	“
Leumiñir Luis	Fijación de deslindes
Quintulen Martín	“
Huenche Nicolás	“
Nahuelhual Marcelino	“
Leviñir Alejo y otros	“
Quenpumil Francisco	“
Curivil Pancho	“
Reumuñ Cristóbal	“
Currin Juan	“
Curihuinca Martín	“
Huillipan Slavador	“
Cariqueo Lorenzo	“
Fianamil Lorenzo	“
Chancono Antonio	“
Cuniuñir Antonio	“
Lunqueo Silva	“
Cañuman Juan	Fijación de deslindes y amparo
Morales José	“
Huenchullan Ignacio	“
Rosa y su hija Mancen	División de comunidad
Caniunqueo Andrés y otros	Sub-división de comunidad
Curihuincho Juan	“
Rupiman Juan	“
Pinculao José Bartola	“
Juan, comunero de M. Levín	“
Quineyao Juan de la C. y otro	“
Huinuman Santos y otros	“
Llanca Juan y otros	“
Neculman Manuel A.	Se le exime de contribución de haberes
Lincoleo Mariano	Radicación
Pillamir Francisco	Se le exime de contribución de haberes
Curiqueo Pedro	“

l) Solicitudes recibidas por la secretaría de la comisión durante los meses de abril, mayo y junio.

TABLA Nº 16. Solicitudes Recibidas por la Secretaría de la Comisión Parlamentaria de Colonización. Abril, mayo y junio 1911

Solicitudes
Gueniqueo Daniel	Título de merced
Calbuqueo Chisco	“
Lincoñir Soto	“
Briceño Guinchalof Juan de Dios	Radicación
Huinchaman Juan Félix y otros	“
Corimán José	Aumento de cabida
Pinoleo José Domingo	Amparo
Quintal y otros	Amparo
Ueñal de Avila Margarita	“
Imilqneo José Crisancio	“
Barriga Contreras Alberto	“
Tremún Carmen y otros	“
Oñate Carlos y otros	“
Calfúan Juan	“
Carmona Teodosia	“
Curuqueo Manuel	“
Hoafil Manguita	“
Nahuel Juan	“
Toro Juan B.	“
Quilaleo Juan	“
Quinchán Antonio	“
Millaquesa Luis	“
Nahilmir Juan Mariano	“
Timillán Somo	“
Acupil Juan	“
Millamir Manuel	“
Poinicán J. Hipólito	“
Huentrutipay María del C. y otros	“
Neilef Antonio Soto	“
Antiguar Juan Ramón y otros	“
Guisca Juan Francisco y otros	Amparo
Huenuqueo Juan Antonio y otros	“
Epullao Juan Antonio y otros	“
Camín Francisco y otros	“
Peje Francisco y otros	“
Campil Juan y otro	“
Ancamán Juan Agustín	“
Maica	“
Pamén Calbún	“
Nulenlef Pedro	Exención contribución de haberes
Maculmán Antonio	División de comunidad

Las conclusiones a las cuales llega la Comisión luego de finalizada su labor, constituyen una prueba fehaciente, de lo que se denomina en la actualidad, la “deuda histórica” del Estado chileno con los indígenas. Entre los años 1860 y 1910 los mapuches se vieron expuestos a la máxima de las indefensiones para defender las tierras de su propiedad, las que a pesar de las denominadas, “leyes de protección”, disminuyeron radicalmente. En esos años, además, y como consecuencia del mismo proceso, los mapuches, en la mayor parte de las comunidades, pasan de un estado de suficiencia económica a un estado de pobreza nunca antes habida. En este sentido, los listados de reclamos expuestos -vale la pena reiterarlo- constituyen un valioso material histórico que le permitirá a las comunidades hoy existentes indagar sobre el entronque familiar de sus actuales demandas de propiedad, a través de la voz y denuncia de sus propios familiares, los que se presentaron a la Comisión de 1910.

[121] Todos los elementos contenidos en este sub-capítulo se recogen del texto; “Comisión Parlamentaria de Colonización, Informe, Proyectos de Ley y Actas de las Sesiones y Otros Antecedentes”. Sociedad “Imprenta y litografía Universo”, Santiago, 1912. Hay párrafos que se transcriben de manera textual, de ahí que muchas palabras se encuentren escritas con la ortografía de la época, y que no correspondan al estilo actual.

[122] Ibíd.: III.

[123] Ibíd.: VII.

[124] Ibíd.: XII.

[125] Ibídem.

[126] Ibíd.: LVII.

[127] Ibíd.: 105.

[128] Ibíd.: 111.

[129] Ibíd.: 123.

[130] Ibíd.

[131] Ibíd.: 144.
[132] Ibíd.: 145.

[133] Ibídem.

[134] Ibíd.: 159, 160.

[135] Ibíd.: 170.

136 Ibíd.: 186.

[137] Ibíd.: 191.

[138] Los listados que ha continuación se exponen, se encuentran en las pp. 422-513, del citado informe.