9. El Gobierno civil a partir de 1965.

Fue bajo la administración del Presidente Eduardo Frei Montalva, que las demandas de los isleños por las precarias condiciones económicas, sociales y culturales en que vivían, fueron aceptadas como legítimas, y en 1965, se puso término a la restricción de circular por las costas y fundo de la Isla, traspasándose la administración a manos de CORFO. Los rapanui obtuvieron la ciudadanía chilena recién en 1966.

El proceso anteriormente descrito, conduce a la incorporación efectiva de los isleños al Estado chileno, a través de la llamada “Ley Pascua” (N° 16.441, de 1966), que crea el Departamento de Isla de Pascua en la Provincia de Pascua. Se fijan normas para la organización y funcionamiento de diversos servicios públicos y se faculta al Presidente de la República para otorgar a personas naturales, títulos de dominio en terrenos fiscales urbanos de Rapa Nui. En los últimos años, la administración de la isla se ha basado en esta ley, que le otorga un régimen administrativo y judicial especial. El reconocimiento del abandono histórico y de las especiales condiciones de la isla, se tradujo en beneficios tales como la exención absoluta de impuestos, la prohibición de venta de tierras a extranjeros, y la aplicación de justicia con penas menores para los isleños. En cuanto al patrimonio cultural mueble, se regula su salida de la isla y del país.

Con el advenimiento del gobierno civil en Pascua, el Estado chileno amplía su presencia en todos los ámbitos, instalando oficinas de distintas reparticiones administrativas del Estado, como Ministerios de Justicia, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Carabineros, Banco del Estado, SERNATUR de Chile, etc., lo cual se ve facilitado por la implementación de vuelos comerciales regulares por parte de LAN Chile. A partir de ese momento, se inicia un proceso que Andueza denomina la rapanuización[136] de los espacios políticos, que previamente habían estado bajo el control de agentes externos y que cada vez y con mayor incidencia, están siendo reapropiados por los rapanui.

Con todo, los conflictos persisten. En carta abierta dirigida al presidente del Senado, fechada el 27 de septiembre de 1966 y firmada por cincuenta y dos rapanui, se protesta por la falta de consulta por parte de las autoridades en la toma de decisión y por el envío de una dotación de treinta y dos carabineros, más oficiales a la isla, argumentándose que la dotación de personal de carabineros, se habría elevado a razón de un carabinero por cada veinte habitantes, habiendo simultáneamente en el continente localidades sin resguardo policial. El reclamo se extiende además, a hechos concretos como la expropiación de terrenos para la construcción de la escuela, caminos y radio-faro, prometiéndose compensaciones que no se pagaron. Por último, dan a conocer el trato discriminatorio de que son objeto las personas contagiadas con lepra al organizarse, según se afirma, “... una cacería de enfermos de lepra, con auxilio de la policía para internarlos en el Sanatorio, donde hay una extensa lista de contagiados y de enfermos que deben ir por la fuerza a recluirse al lazareto... ”.

Una de las primeras obras públicas de importancia fue la construcción del aeropuerto de Mataveri, a mediados de los sesenta, que junto con contribuir a mejorar las comunicaciones entre la Isla y el continente, implicó el acopio y traslado de miles de toneladas de material superficial, incluyendo incontables sitios y materiales arqueológicos.

En el año 1966, por otra parte, se instaló en la isla una agencia de CORFO (Corporación de Fomento de la Producción), institución a la que se le encomienda la producción eléctrica, agua potable, manejo del muelle y administración del Fundo Vaitea. En 1980, estas funciones las asume SASIPA (Sociedad Agrícola y de Servicios Isla de Pascua), como empresa filial de CORFO. El Fundo Vaitea (administrado por SASIPA), se dedica a la producción ganadera y a proyectos como la plantación de eucaliptos para la generación de energía eléctrica, lo que nunca fue llevado a cabo. En la actualidad, el territorio del Fundo incluye el área central de la isla, alrededor de Maunga Terevaka y la península de Poike -al oriente-, cubriendo unas 4000 hectáreas.

No hay duda de que la puesta en vigencia de la Ley Pascua de 1966, representó un hito que contribuyó a cambiar de manera definitiva y radical la fisonomía de las relaciones entre el Estado y el Pueblo Rapa Nui. Sin embargo, cabe señalar que no llevó aparejada, necesariamente, la definición e implementación de una política de Estado con perspectiva de largo plazo. Múltiples y con efectos más bien magros, fueron los intentos por subsanar esta insuficiencia, sin contar con que la participación de la población isleña en estos procesos sólo se ha intensificado en los últimos años.

En esa época, por otra parte, visitaron la isla especialistas de UNESCO y del Fondo Mundial de Monumentos, para sentar las bases de un plan de desarrollo en la isla, basado en la calidad de sus recursos arqueológicos y la fragilidad de su ambiente. Al mismo tiempo, estaba en funciones un programa de restauraciones arqueológicas que significó el inicio de la recuperación de la identidad cultural de los rapanui, a partir de la restauración del Ahu Akivi en 1968. Los recursos extranjeros eran complementados con los aportes provenientes del Casino de Viña del Mar, según establecía el artículo 40 de la Ley Pascua.

Posteriormente, en 1971, el Decreto Supremo Nº 1139 crea la “Comisión Nacional para el Desarrollo de la Isla de Pascua”, de modo de asesorar al Presidente de la República a “... coordinar la acción de los organismos estatales en el cumplimiento de los planes de desarrollo elaborados por ODEPLAN”. Esta Comisión estudia y propone un Plan de Desarrollo publicado en 1972, que incluye la creación de un Consejo Departamental de Desarrollo, con amplia participación de la población rapanui, plan que no alcanza a implementarse debido al golpe militar.

Rapa Nui pasa a ser considerada como punto estratégico, y como un puente aéreo y espacial internacional, lo que lleva al gobierno militar a celebrar un convenio entre la FACH y la NASA. Sin embargo, es bajo ese gobierno que se designa por primera vez a un rapanui como Gobernador de la Isla -Sr. Sergio Rapu Haoa-, transformándose en un precedente respetado por todos los gobiernos posteriores.

El año 1979 se dicta el D.L. Nº 2.885, en virtud del cual se establece la regularización de la propiedad en Isla de Pascua, mediante el otorgamiento de títulos de dominio gratuitos a los poseedores regulares. El proceso es similar al llevado a cabo en las comunidades mapuches, tras la aplicación del D.L. Nº 2.568. En vista de la dictación de este decreto por parte del Gobierno, se generan nuevas discordias entre la población y el fisco. Con el objeto de hacer oír su descontento, los isleños optan por reconstituir el Consejo de Ancianos de Rapa Nui[138], como una expresión social para defender la propiedad de la tierra y comunitaria de la Isla. En carta enviada al Presidente de la República en mayo de 1987, se demanda: el reconocimiento pleno de dicho Consejo; dejar sin efecto el decreto ley 2.885 de 1979; eliminar la inscripción por parte del fisco de tierras en el Conservador de Bienes Raíces de 1933; y, por último, reconocer a los rapanui como únicos y legítimos dueños de las tierras de la Isla. Sin embargo, el gobierno no responde a estas demandas y reivindicaciones de los rapanui.

En 1988, año de la conmemoración del centenario de la anexión de la Isla de Pascua a Chile, el descontento liderado por el Consejo de Ancianos de la isla, llevó a la comunidad a negarse a participar en los festejos programados para tal ocasión. Los rapanui, en palabras de Alberto Hotus, Presidente del Consejo de Ancianos Rapa Nui, de este modo expresaron su descontento frente a la situación de pobreza, cesantía y desabastecimiento que padecía la población isleña, y su reclamo y reivindicación de sus tierras[139], este último, objeto recurrente de los conflictos surgidos entre el Estado y la población Rapa Nui.