9.
Los años difíciles
Producto
de las condiciones políticas en que vive el país, luego del Golpe
de Estado de 1973, los collas se ven expuestos a medidas destinadas a restringir
o eliminar las actividades de subsistencia, en especial el pastoreo y la
explotación minera, obligando a algunas familias a abandonar las
quebradas y a radicarse en pueblos y ciudades en busca de trabajo. A mediados y
fines del gobierno militar, se favoreció la constitución de la
propiedad particular sobre algunas de las tierras ocupadas por miembros de las
comunidades collas, lo que provocó su desalojo y desplazamiento hacia
terrenos fiscales donde se encontraba el resto de la comunidad, y en otros
casos, se impuso el arrendamiento de las tierras a los collas ocupantes, dejando
en condición de precariedad a quienes se mantuvieron como ocupantes de
sus territorios ancestrales sin reconocer dominio ajeno.
Una
de las primeras medidas tomadas, consistió en la disolución de los
sindicatos desde los cuales los collas participaban. En la Quebrada de Paipote,
se disolvió el Sindicato de Leñadores, provocándose una
dispersión de las familias y socios; lo mismo sucedió en
río Jorquera.
El
trabajo minero se suspendió por las restricciones impuestas al manejo de
explosivos para seguridad del gobierno militar, ya que los mineros
adscribían al gobierno de la Unidad Popular. Respecto al tema de
restricción al manejo de explosivos, don Paulino Bordones señala:
“...a
nosotros nos cortaron los brazos como pequeños mineros cuando se
ordenó que los que tenían un cartucho de dinamita eran
guerrilleros, cuando entró Pinochet. Aquí había mucho
pirquinero, en todas las familias, habían minitas de cobre de buena ley.
Nosotros trabajamos en la Mina La Gloria, ahí en Cerro Grande. Antes las
mujeres cuidaban los animales y los hombres las minas y la leña, nos
íbamos en octubre y volvíamos en mayo, a la azufrera de
Codocedo.” (Paulino Bordones, septiembre de 1996).
Un
fuerte impacto se produjo también sobre la economía de estas
comunidades, al prohibirse la explotación de la leña y la
fabricación de carbón, cuestión que fue dispuesta por la
Corporación Nacional Forestal. Además, se intentó terminar
con la actividad ganadera caprina por parte del Servicio Agrícola y
Ganadero. Estas medidas conducían al término de sus actividades
económicas y al poblamiento de la cordillera con el pretexto de preservar
especies vegetales, restringiéndose así las actividades de
subsistencia al impedir la recolección de leña, la
fabricación de carbón y el pastoreo en la cordillera.
“El
trabajo de la leña y el carbón duró hasta como el
año 1974. Ese año salió un decreto que prohibió la
corta de leña y, a la vez, la fabricación del carbón.
Incluso salió un decreto para eliminar todo el ganado caprino. Esto se
peleó en Santiago, con dirigentes de los dos sindicatos, de Paipote y de
Jorquera, porque aquí ya no había ningún recurso, y de
Santiago (como a los tres meses) llegó una contraorden al decreto que se
había hecho en Copiapó. Pero no se peleó el asunto del
carbón y de la leña, sino el puro asunto del ganado ya que mucha
gente -tal como ahora- dependía del ganado, de las cabras, para su
familia. “(Marcos Bordones Segura, septiembre de 1996).
Estas
restricciones afectaron a todas familias collas de la cordillera, desde
Potrerillos hasta río Jorquera, debiendo abocarse casi exclusivamente al
trabajo de la ganadería, obligando a muchos descendientes de collas a
migrar a pueblos y ciudades para desarrollar trabajos relacionados con la
fruticultura en el valle de Copiapó, como empleados u obreros en ciudades
o en faenas mineras, manteniendo siempre los vínculos con la
cordillera.
Cierra
esta seguidilla de hechos de persecución política, social y
económica, un episodio que conmovió y aún conmueve a toda
las familias collas. Es la trágica muerte de las hermanas Quispe en el
sector de La Tola-El Patón, en circunstancias aún no aclaradas.
Algunas versiones advierten que su muerte fue producto de la represión de
la dictadura, crimen cometido por militares que las acusaron de ayudar a
perseguidos políticos de cruzar la cordillera hacia la Argentina.
“Lo de las hermanas
Quispe ha dado mucho que hablar, mucho comentario ha habido en eso. Yo
conversé con un caballero que traficaba por aquí en un
camión de la ESSO que trabajaba para la mina Marte y un día yo me
embarqué aquí y él me conversó: ‘¿Las
niñas Quispe que mataron para la cordillera venían por
aquí?’, me preguntó. Si le conteste.., (me dijo) yo se
verdaderamente que las mataron porque un hermano mío las mató, uno
que era milico y que andaban con un Teniente registrando la cordillera, y las
mataron porque las niñas estas daban facilidad a los comunistas para que
se arrancaran para la Argentina, por eso las mataron’... Me dijo que
tenían animales cargados porque una de ellas estaba en punto de irse para
donde estaban los papás de ellas, así que ahí quedaron
todos los animales, todo, ahí me conversó tal como era. Ellas
estaban para la Quebrada de La Tola, para el lado de Figueroa, frente a
Monardes, ellas venían de abajo, por el río Figueroa para arriba,
por Cuestecilla (río Jorquera).... Las mismas niñas le conversaron
antes al caballero Villegas que habían llegado 2 hombres jóvenes y
altos que andaban de civil, que estuvieron conversando con ellas y que se fueron
para el lado de San Miguel, como dos días antes, que andaban buscando
gente que se arrancaba...., por aquí también anduvieron, por
aquí para arriba, andaban de a pie y se posesionaron ahí en
Juntas, y ahí se iban relevando y llegaban otros y después otros.
Ese hombre que me contó que su hermano había sido el que las
mató me dijo que lo había hecho lastimosamente pero
‘órdenes son órdenes’, así como ha muerto mucha
gente.” (Paulino Bordones, septiembre de 1997).
A
pesar del clima de represión y restricciones a su economía, los
collas conservaron la actividad ganadera, desarrollando el pastoreo y la
trashumancia, lo que ayudó a mantener sus formas tradicionales de vida,
sus ritos y la ocupación y uso del territorio.
En
la década de 1980, comenzaron a definirse los conflictos de tierras a
favor de los particulares y el Fisco de Chile, marginando a los collas del
acceso a la propiedad territorial. El antiguo problema de tenencias de tierras
que presentaba la hacienda Potreros de la Iglesia, se mantenía pendiente
de resolución. Por una parte, la ocupación material y uso del
territorio se realizaba por las familias collas de Quebrada Paipote y Río
Jorquera y, por otra, existía la demanda de particulares sobre las mismas
tierras, mientras el Fisco de Chile mantenía un juicio con la
Sucesión de Goyenechea por el dominio de estas tierras cordilleras.
La
influencia de los grandes propietarios locales en el gobierno regional, fue un
factor para alcanzar el reconocimiento de tierras que ahora cobraban valor para
las plantaciones de uva de exportación. Las tierras del valle del
río Jorquera, incluidas en la Hacienda Potreros de la Iglesia, eran
reivindicadas por uno de los principales empresarios frutícola, Alfonso
Prohens, quien logró que el Ministerio de Bienes Nacionales le
reconociera en 1981 un total de 3.475 hectáreas en el sector más
bajo del valle, cercano a la confluencia con el río Copiapó, con
varios kilómetros de extensión sobre el fondo de valle hasta el
sector de Salto de los
Monos.
El
reconocimiento de la propiedad de las tierras a Alfonso Prohens,
significó la formación de la Hacienda Jorquera, y el inicio de un
período de conflicto con las familias collas que ocupaban estas tierras
como invernada y sobre las que muchos crianceros de ganado conservaban sus
posesiones por largos años.
El
desenlace de esta situación fue el desalojo de las familias collas de la
comunidad de río Jorquera, que ocupaban las tierras reconocidas por el
Ministerio de Bienes Nacionales a Alfonso Prohens. Este, en el año 1989,
procedió sin orden judicial a expulsar a las familias collas de las
posesiones que mantenían por más de 20 años, incendiando
aquellas para obligarlos a abandonar las tierras.
“Yo
me instalé en Jorquera y estuve como 22 años y el año 1989
me corrieron. Yo bajé para el pueblo a hacer mis diligencias y cuando
volví estaba todo ardiendo, los cercos que tenía yo, en la casa me
quemaron algunas cosas, unas monturas, unos aparejos. Entonces fui y di cuenta a
carabineros, ellos vinieron y presenciaron todo lo que se había quemado,
me corrieron sin orden judicial ni nada, y de ahí me vine a esta parte de
aquí (Cuestecilla, aguas arriba del río Jorquera). “(Santos
Cruz, noviembre de 1997).
Posteriormente,
en el año 1986, la Sucesión de Isidora Goyenechea, propietaria de
la Hacienda Potreros de la Iglesia, logró por sentencia judicial que se
le reconocieran un total de 2.928,56 hectáreas sobre los terrenos de
invernadas de las Quebrada de Paipote y San Andrés, ocupadas en ese
entonces por familias collas, las cuales fueron obligadas a pagar arriendo por
las tierras. Otras familias, quedaron como meros ocupantes dentro de la
propiedad
particular.
En el caso de los collas de Potrerillos,
la ocupación de tierras de pastoreo y trashumancia de invernada, en gran
parte pertenecían a la Corporación del Cobre CODELCO
División El Salvador, propietaria de los predios “El
Encanche” y “Vegas Quemadas”, además de una servidumbre
minera,
y las zonas de veranada correspondían a tierras fiscales. Esto demostraba
la precariedad de la posesión, a pesar de haber habitado estos lugares
por largo tiempo.
Todo
lo anterior, significó un despoblamiento relativo de los espacios
ocupados ancestralmente, debido a que muchas familias collas migraron
obligadamente a centros mineros, ciudades y pueblos cercanos, en busca de
trabajo y educación para sus hijos, manteniéndose la actividad
ganadera por familias que siguieron pastoreando sobre amplios territorios de las
quebradas y la puna.
En efecto, como reza la inscripción Nº 1811, a fojas 3.056 vta., del
Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de
Copiapó, a "18 de Agosto de 1981, don Alfonso Prohens Arias, domiciliado
en el Fundo La Puerta, es dueño del inmueble ubicado en el lugar
Río Jorquera, comuna de Tierra Amarilla, (...), tiene una superficie
aproximada de 3.475 hectáreas, y cuyos deslindes son los siguientes:
Norte, terrenos fiscales eriazos; Este, terrenos fiscales eriazos; Sur, Las
Juntas; y Oeste, terrenos fiscales eriazos, Río Jorquera y camino de
penetración de por medio. Dicho inmueble lo adquirió por
Resolución Definitiva No. 365 de fecha 28 de Julio de 1981 dictada por el
Señor Director de Tierras y Bienes Nacionales don Homero Illanes
Glasinovic (...).La presente inscripción se practica conforme a lo
dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley No. 2.695 del Ministerio de
Tierras y Colonización de fecha 30 de Mayo de 1979." (Molina Raúl
y Martín Correa. Estudio e Informe para “Solicitud de
Fondos...” Op. cit.).
El predio “Potreros de
la Iglesia” o “Hacienda Jorquera” de propiedad de la
Sucesión de don Luis Cousiño Sebire, adquirió por herencia
del citado causante, según título inscrito a Fjs. 142 y ss.
Nº 169 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Copiapó, correspondiente al año 1919 y según Decreto
Supremo No. 743, de 4 de Diciembre de 1986, del Ministerio de Bienes Nacionales,
sobre cumplimiento de sentencia y fijación de deslindes, caratulado
“ Fisco de Chile con Sucesión Isidora Goyenechea”, que se
redujo a escritura pública de fecha 19 de Enero de 1987, otorgada ante el
Notario de Santiago doña María Gloria Acharán Toledo, con
lo cual se reconoció a la sucesión de don Luis Cousiño el
dominio sobre una superficie total de 2.928 hectáreas y 56 áreas,
según planos archivados bajo los Nos. 359 y 360 en el Registro de
Documentos del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó,
correspondiente al año 1990. Estos planos corresponden a la
parcelación de las 2.928 hectáreas y 56 áreas en
dieciséis parcelas que fueron adjudicadas a los herederos de la
Sucesión Cousiño Sebire, según consta de la escritura
pública de adjudicación de 31 de Agosto de 1990, otorgada ante la
Notario de Santiago doña Ana María Sepúlveda Fuentes,
practicándose las inscripciones de dominio correspondientes a nombre de
cada uno de los herederos en el Conservador de Bienes Raíces de
Copiapó. La posesión efectiva de la herencia quedada al
fallecimiento de don Luis Cousiño Sebire, se concedió por
resolución de fecha 29 de Junio de 1970, del Quinto Juzgado Civil de
Santiago, la que se inscribió a fojas 1.341, bajo el No. 933, del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó,
correspondiente al año 1982. La inscripción especial de herencia
del predio, rola a fojas 1.589 vta.. No. 1.073 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Copiapó, correspondiente al
año 1982. (Molina, Raúl. et. al. “Diagnóstico
Territorial Colla...” Op. cit.).
Los terrenos de propiedad de CODELCO se encuentran ubicados en la quebrada del
Agua Dulce, comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, III
Región de Atacama, denominados “Vegas Quemadas” y “El
Encanche”, los cuales se encuentran inscritos a su nombre a fojas 3 vta.,
bajo el número 5 y a fojas 4, bajo el número 6, respectivamente,
en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Chañaral, correspondiente a 1970. Además, CODELCO-Chile,
División Salvador es titular de un derecho de Servidumbre Minera, sobre
una superficie de 1.810 hectáreas, otorgadas por Decreto Supremo No.
1284, del Ministerio de Tierras y Colonización, de fecha 23 de Octubre de
1957, inscrita a fojas 7, bajo el número 5 del Registro de Hipotecas y
Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Chañaral,
correspondiente al año 1958.