c) Período de la “integración frustrada”

Las leyes indígenas de carácter liberal del año 1927 y su consolidación en el año 1931, podrían ser consideradas como el final del período que hemos denominado de la “asimilación forzada”. Este nuevo período que se inaugura, pretendió integrar a los indígenas a la sociedad, siendo más cuidadoso en no realizar acciones que condujeran a situaciones de "exterminio” físico. Se trata, por ejemplo, del desarrollo de una dinámica de división de las tierras comunitarias en el caso mapuche y de disolver a la población en el mestizaje generalizado. Es también el momento de menor reconocimiento de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas por el Estado. Es el tiempo denominado de la “integración frustrada”, ya que todas las políticas estatales pretenderán integrar al indígena a la generalidad del pueblo chileno. Esta propuesta política no tiene éxito y a partir de los años cuarenta comienzan a escucharse nuevas voces de defensa indígena, muchas de ellas ligadas al indigenismo que se ha abierto paso en América Latina. Podría marcarse como una fecha simbólica, el año 1941, en que el Presidente de la República, Don Pedro Aguirre Cerda invita y envía como su delegado a la reunión interamericana de Pátzcuaro en México, al joven dirigente mapuche Don Venancio Coñoepán Huenchual. En esa reunión se crea el Sistema Indigenista Interamericano y el Instituto Indigenista Interamericano, integrado años más tarde por el Estado chileno. Durante este período, la legislación indígena estuvo mayormente orientada hacia el Pueblo Mapuche, específicamente en lo concerniente a la regulación de la propiedad de las tierras. Es por esta razón que ponemos mayor énfasis en su situación.

Con posterioridad al período de la radicación, se inició un proceso de usurpación de las tierras mapuches otorgadas por el Estado en Títulos de Merced. A fines de la década del 1930, individuos no mapuches llegaron a detentar un quinto de las posesiones mapuches por medio de la usurpación de las tierras reduccionales. Esto, evidentemente, desencadenó una serie de movilizaciones de las comunidades, las que demandaron al Estado su protección y la devolución de las tierras así enajenadas. Por ejemplo, en 1929 se habían presentado ante los tribunales 1.219 juicios por recuperación de tierras comunales, es decir, más de un tercio de las reducciones estaba demandando justicia.

Una vez finalizada la radicación, se regula legalmente la división de las comunidades mapuches a través de sucesivos cuerpos legales, entre los que destaca el Decreto Ley 4.111, del 12 de junio de 1931, en una labor que desarrollarán cinco Juzgados de Indios. Dichos Juzgados verán las causas de usurpación de tierras, las solicitudes de radicación, autorizarán la división de las comunidades cuando un tercio de sus miembros lo soliciten, y la venta de tierras mapuches. En estas divisiones se encuentra el origen de muchos de los conflictos posteriores que llegan hasta el día de hoy[22].

Previo a dicho decreto, el 29 de agosto de 1927, se dicta La ley N° 4.169, que crea un Tribunal Especial para proceder a la división de las comunidades indígenas y establece el procedimiento al efecto. Siendo la intención del legislador proceder efectivamente a la división de las comunidades, señala que ésta puede ser solicitada por cualquiera de los comuneros. Bajo este marco normativo, su articulado dispone que antes de proceder a la división, el Tribunal deberá restituir la integridad de los terrenos comprendidos en el Título de Merced y en los planos respectivos[23].

La crítica a estas políticas no se hizo esperar. Al respecto, el respetado dirigente y profesor Don Martín Alonqueo, señala que los Jueces de Indios “... no operan de acuerdo con la ley que tiene apariencia proteccionista, pero que realmente no lo es, porque han sido incapaces de solucionar los problemas mapuches de tierras, favoreciendo siempre a los particulares compradores de acción y derecho... ”, para luego agregar que “... La interpretación y aplicación de las leyes a favor de los mapuches, a quienes se quería favorecer, ha sido parcial, contribuyendo en la gestación de injusticias sociales y depresión económica a través de los Juzgados de Indios y Juzgados de Letras de Indios que han hecho la división de las reducciones circunvecinas a Temuco, favoreciendo a los terceros particulares quienes compraron la tierra dividida de los mapuches para transformarlos en peones e inquilinos mendigantes... ”. Concluye Alonqueo sentenciando: “...los mapuches han perdido la fe y confianza en la justicia, porque han sido y son víctimas de enormes tramitaciones inútiles y los han empobrecido miserablemente por la acción nefasta de los rábulas que pululan alrededor de los juzgados... ”[24].

La división de comunidades permitió que muchos retazos de Títulos de Merced pasaran a manos de particulares. El estudio sobre tierras mapuches, que se presenta en el Volumen 2 (Anexo) de este Informe, describe este proceso para un total de 413 Títulos de Merced. En esta situación puede encontrase el origen de numerosos conflictos actuales en el sur de Chile.

Los instrumentos y políticas del Estado, buscaron la homogeneización cultural de la sociedad chilena y, en este sentido, el desarrollo de las escuelas rurales tuvo como objetivo explícito la imposición del castellano como lengua, la comprensión de una sola historia nacional, una cultura y un tipo de conocimiento básico común a todos los habitantes. Si bien muchas comunidades y pueblos lograron mantener sus propias costumbres, lenguas y especificidades culturales, en muchas otras partes la educación estatal jugó un papel de asimilación y disolución de las diferencias etnoculturales de los habitantes del país. La contradicción de este proceso radica en que al mismo tiempo, los Pueblos Indígenas fueron requiriendo mantener sus tradiciones y particularidades para la sobrevivencia cultural y adquirir las herramientas que se les imponían, como la lengua castellana, para conquistar o reclamar sus legítimos derechos de ciudadanía o sobre las tierras, el agua y sus recursos patrimoniales.

Las políticas denominadas de "integración", no tuvieron los resultados esperados por el Estado y, por el contrario, condujeron a aumentar las contradicciones entre las sociedades indígenas y la sociedad nacional. La migración a las ciudades se incrementó en este período, así como la pauperización de las comunidades y familias que se mantuvieron en los territorios indígenas. No sólo no hubo ni se alcanzó la integración, sino que, por el contrario, se mantuvo y acrecentó una situación de mayor lejanía, discriminación y marginalidad.

Es quizá el fin de un largo período de “integración frustrada”. Frente a estas políticas de marcado carácter integracionista, comienzan a surgir voces, organizaciones y movimientos indígenas que plantean con fuerza la demanda por “reconocimiento”. La así llamada globalización por otra parte, ha contribuido crecientemente también a ver estos temas de una forma totalmente diferente a los períodos anteriores. Existe un conjunto de normas internacionales que refuerzan este carácter diferenciado y la cuestión indígena tiene hoy en el campo internacional, un estatuto que le es propio. El Informe no se introduce en la coyuntura actual más que marginalmente[28]. Su objetivo es proponer una mirada comprensiva del largo proceso en el que se han ido modelando las relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas, con la finalidad de proporcionar antecedentes que se traduzcan en que el Estado y la Sociedad chilena estructuren un “Nuevo Trato” con los Pueblos Indígenas.