12. La lucha por el
reconocimiento
El decreto
Ley 2.568, tendiente a la división y liquidación de las
comunidades mapuches generó una fuerte resistencia al interior del Pueblo
Mapuche, cuestión que va a quedar reflejada en la creación y
organización de los Centro Culturales Mapuches, la primera
organización post golpe de Estado con un carácter independiente y
autónomo.
Esta organización contó con un fuerte respaldo de sectores de la
Iglesia Católica, principalmente del Obispado de Temuco y del Vicariato
de la Araucanía.
En los
Centros Culturales Mapuches confluyeron dirigentes que ya tenían
trayectoria en el movimiento mapuche, y también jóvenes que se
iniciaban, y que en la actualidad continúan trabajando por sus demandas y
reivindicaciones. Algunos de sus principales dirigentes fueron Mario
Curihuentro, Melillán Painemal, Isolde Reuque, José Luis
Huilcamán, José Luis Levi, José Santos Millao, Juan Huenupi
Antimán, entre otros.
A pesar de
las medidas coercitivas existentes durante el régimen militar para la
organización y movilización social, esta organización
rápidamente se extendió por todo el territorio mapuche,
constituyendo innumerables unidades de base. Los Centros Culturales mapuches
asumen en primera instancia una posición culturalista, manifestando su
rechazo a la división de las comunidades, al fin de la vida comunitaria,
pues temían, con clara conciencia, que con el proceso divisorio gran
parte de los rasgos culturales mapuches se perdieran, y que sus habitantes
fueran asimilados a la cultura criolla occidental.
A partir
de este momento, se va a generar un movimiento étnico de larga
duración, donde precisamente la característica principal del
discurso mapuche va a ser una fuerte reafirmación étnica, marcando
con énfasis las diferencias con la sociedad
huinca. De esta manera, y al contrario
de lo que había ocurrido a lo largo del siglo XX, donde la sociedad
mapuche había buscado permanentemente vías de comunicación
con la sociedad chilena, una “integración respetuosa”, en la
cual se habían establecido alianzas entre el movimiento indígena y
otros movimientos sociales, -por ejemplo, durante la Unidad Popular, los
indígenas se habían plegado al movimiento campesino de la Reforma
Agraria-; a partir de los ochenta, los mapuches van a mostrar su diferencia y
distancia con los otros movimientos sociales, formando asociaciones y
reivindicaciones autónomas, “... la cuestión étnica
se va a separar de la cuestión social en general, e incluso van a
criticar crecientemente la intermediación de los partidos
políticos...”.
En 1981,
los Centros Culturales Mapuches firman un acta notarial que permite dar
legalidad a dicha organización, junto a lo cual adquiere un nuevo nombre
“Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Artesanos
Mapuches Ad
Mapu”;
más allá de ello, la organización siguió luchando
por la derogación del Decreto Ley 2.568, y permaneció muy atenta a
las decisiones tomadas por el Gonierno de la época en materia
indígena, lo que se tradujo en el malestar de las autoridades, desatando
fuertes represiones hacia la organización y sus miembros. Esto no
amilanó a la organización, sino que gatilló una actitud de
mayor oposición hacia el gobierno militar.
Sin
embargo, la represión se volvió permanente, sus dirigentes fueron
frecuentemente hostigados y apresados, la sede de la organización
sufrió atentados que quedan sin resolver. Todo esto seguía
configurando un cuadro de enorme injusticia hacia el Pueblo Mapuche,
cuestión que quedó consignada en un informe sobre derechos humanos
realizado en la época.
El
dirigente Melillán Painemal, miembro de Ad Mapu y vicepresidente del
Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, invitó a una comisión
observadora de esa entidad para informar sobre la real situación, en
materia de derechos humanos, en que se encontraban las comunidades mapuches. El
integrante de esta comisión fue el canadiense Del Anaquad, quien
visitó Isla Huapi y algunas comunidades de Tirúa y otras cercanas
a Temuco. En su informe, Del Anaquad, llama al gobierno a derogar el decreto
Nº 2.568, por considerarlo injusto. Advirtió la existencia en Chile
de un abierto racismo contra la sociedad mapuche, junto con señalar que
el Pueblo Mapuche permanece con sus derechos políticos reprimidos, lo que
no permite su
autodeterminación.
Posterior
a la visita del observador canadiense, se comienza a desarrollar una
campaña internacional para el tratamiento de los problemas que aquejan al
Pueblo Mapuche, entre ellos, la pobreza, la división de las comunidades
mapuches y el atropello a los derechos humanos. Sin embargo, estas demandas
fueron siendo afinadas y lentamente se comienza a desarrollar un discurso que se
inserta en el marco de un proyecto político con énfasis en la
autonomía.
Antes de
que se cumpla la primera mitad de la década del ochenta, se empieza a
hacer pública la demanda por autonomía. Desde ese entonces, dicha
demanda pasará a estar presente en la mayoría de las
organizaciones mapuches que se oponen al régimen militar, encabezando el
primer lugar del listado de reivindicaciones y demandas. En agosto de 1984, el
dirigente José Santos Millao se dirige al gobierno en estos
términos:
“Tenemos una política clara y definida en
torno a este régimen y creo que la seguiremos teniendo frente a los
futuros regímenes, en el sentido de que si no considera la
participación y el reconocimiento de nuestro pueblo, vamos a luchar igual
(...) ninguno de nosotros desea la violencia, pero en la medida que han tratado
de socavar la dignidad y han tratado de exterminarnos, es donde nuestro pueblo
ha salido a luchar por sus reivindicaciones y es ahí donde a veces se
producen hechos de violencia que no están en nuestros
planes.”
Entonces,
y a pesar de la oposición de las organizaciones mapuches, el gobierno
militar no fue amilanado en sus políticas en materia indígena, ni
sociales en general. El Estado ignoró sus demandas, y frente a las
acciones mapuches, se volvió más represivo, controlador y
castigador, neutralizando a sus dirigentes. Los dirigentes mapuches, mientras
tanto, esperaron, se siguieron reuniendo, se prepararon, estudiaron, discutieron
sobre sus derechos, objetivos y expectativas, se dedicaron a “... afinar
el discurso para el momento en que pudieran llevarlo a la práctica. Eso
iba a ocurrir en la década del noventa...
”.
Sin
embargo, ya desde mediados de la década del ochenta se va a instalar en
el debate público la demanda por la autonomía, por el
reconocimiento como pueblo y con derecho a la libre
determinación.
Con el tiempo, esta organización fue
politizándose, al articularse con algunos partidos políticos, lo
que tuvo como consecuencia la escisión de la organización en
varios grupos nuevos