Portada Anterior Siguiente Índice | 7. La democracia y la nueva legislación indígena durante los ‘90

7. La democracia y la nueva legislación indígena durante los ‘90


A pocas semanas de haber asumido el gobierno de la Concertación, se crea por decreto supremo la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas (CEPI), sucediéndose a través de ella un vínculo directo entre los representantes de organizaciones indígenas, partidos políticos y el gobierno. El resultado final, fue la promulgación de la Ley Indígena en el año 1993[190].

La Ley N° 19.253 permite promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado a favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas en Chile, especialmente en lo económico, social y cultural, y de impulsar su participación en la vida nacional. En la línea de favorecer los programas de desarrollo integral, MIDEPLAN a propuesta de CONADI, puede establecer Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) de acuerdo con el artículo 26° de la ley, las que quedan definidas como “espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado, focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades[191].

Entre las ADI creadas en el país, se encuentra San Pedro de Atacama -Decreto N° 70 de marzo de 1997-. En diciembre de 1998, se constituyó formalmente un Comité Directivo encabezado por el Intendente de la Segunda Región e integrado por los once representantes de las comunidades atacameñas; además del Gobernador de la Provincia de El Loa, la Directora de CONADI San Pedro de Atacama y SERPLAC Segunda Región. Acompaña este nivel central de toma de decisiones y análisis de la realidad actual del pueblo atacameño, una Secretaría Ejecutiva -dirigida por CONADI- y las unidades técnicas de Evaluación y Planificación, y la Jurídica, que actúan como entidades asesoras del Comité Directivo del ADI[192]. En este contexto de políticas concretadas por el Estado hacia las poblaciones indígenas en el territorio chileno, se incluye ahora -a través de esta Ley- la dimensión de lo étnico en la relación del Estado con las poblaciones atacameñas -entre otras indígenas-, que al menos da cuenta del comienzo de una importante iniciativa, aún en construcción.

De esta manera el compromiso se va consolidando. Con la transición a la democracia, el Pacto Nueva Imperial -1989- selló el compromiso político y ético, entre los pueblos indígenas y partidos políticos de la naciente Concertación; con ello también, se asientan las bases de un acuerdo histórico de recuperación de la dignidad de los pueblos originarios. Con el retorno a la democracia se constituye la Comisión Especial de Pueblos Indígenas que presenta el proyecto de ley, que finalmente genera la Ley Indígena 19.253 la cual establece el reconocimiento de las comunidades atacameñas, como una de las etnias constitutivas de la República de Chile. De este modo, la CONADI implementó una serie de políticas de ayuda y desarrollo social, tendientes a mejorar la calidad de vida y las condiciones materiales de las comunidades indígenas que, en la actualidad, se han complementado con otras iniciativas gubernamentales como la promulgación durante 1997 del Área Indígena Atacama la Grande, que se ha traducido en una esperada coordinación de todos los programas de Gobierno, en pro del desarrollo de la etnia y pueblo atacameño[193] (Ver Mapa Nº 9).

7.1. Realidad actual y nuevas demandas

Debido a las altas expectativas generadas por la nueva legislación indígena y, por tanto del nuevo contexto en el que se sitúa la población atacameña, se estaría produciendo un proceso de reetnificación. Efectivamente, la cultura atacameña pasó momentos muy silenciosos en que no se expresaba más que localmente. En los últimos años, ha ocurrido un nuevo fenómeno de reculturización en que numerosos jóvenes, especialmente, vuelven a desplegar la imaginación propia de una cultura viviente[194]. Este proceso llamado etnogénesis, apunta hacia dos décadas atrás donde surgen organizaciones que se plantean objetivos dirigidos al desarrollo de una etnicidad como distintividad, identidad étnica como un nivel de identidad colectiva y un proyecto de pueblo. Esto resulta de una coyuntura histórica que se originó bajo el gobierno militar en el que se implementaban medidas decididas de asimilación e incorporación. Más tarde y mediante el retorno de la democracia, la situación se revierte mediante la promoción de la identidad desde el Estado, intelectuales, iglesia, ONGs, partidos políticos, circulación de discursos, etc. De este modo, la etnogénesis postula una identidad étnica y la implementación de una forma de ciudadanía diferenciada como una nueva forma de vinculación entre los indígenas y el Estado[195].

Respecto al tema del agua, el problema de la legislación radica en que su formulación se lleva a cabo lejos de los territorios afectados. Por lo anterior, la Ley Indígena aún no es suficiente para solucionar los problemas del pueblo atacameño. El agua continúa siendo un caso muy representativo puesto que todavía existen conflictos sobre los efectos que generan las operaciones de las empresas mineras con la apropiación de este recurso. En esta Ley no se reconoce el derecho ancestral de las aguas, las tierras y medio ambiente, los cuales son usufructuados

por las empresas mineras. Por ello, se solicita al Estado la aprobación del Convenio Internacional 169 de la OIT, el cual ya ha sido ratificado por otros países -Perú, Bolivia, Argentina-, junto con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios de Chile, con sus derechos ancestrales, lengua, organización socio-político y culturales.

Respecto de la población atacameña, en el penúltimo censo de población la adscripción a la etnia atacameña no fue considerada respecto a la pregunta que solicitaba identificarse como indígena y de qué etnia, situación que cambió con el último censo de población y vivienda levantado en el año 2002. En la comuna de San Pedro de Atacama, algunas comunidades han crecido en número de familias; mientras que otras, son pequeñas y compuestas entre doce a catorce familias. De este modo, es importante manejar este tipo de información para comprender claramente la situación actual de este pueblo; información importante también, para identificar políticas y programas de desarrollo para cada una de las realidades. Lo anterior da cuenta de la importancia que tiene la institución de la Comunidad en este territorio atacameño, que se manifiesta como la organización más difundida. Ella es la que articula la red de relaciones sociales, económicas y religiosas en torno a sus pautas culturales[196]. Esto es sumamente importante, porque la Comunidad está constituía por la organización comunal y por las familias -unidades domésticas- que están asentadas en un territorio colectivo[197]. Su campo de acción será la organización, manejo y control de los recursos naturales y sociales, como la práctica de tareas colectivas, control social y administración de la justicia. Además otorga identidad, sentido de pertenencia a los miembros de una comunidad y defensa de los intereses comunales. Las manifestaciones políticas y sociales, ya sean colectivas o individuales, se expresan a través de la Asamblea Comunal y sistema de cargos[198].

Actualmente, cada una de las organizaciones comunitarias atacameñas se ven afectadas y tensionadas por los efectos de la economía de mercado y por las entidades estatales que, de una u otra manera, han debilitado el manejo organizativo y esa capacidad de controlar los recursos naturales más básicos -tierra y agua, por ejemplo-. Asimismo, el control social y la aplicación de la justicia local, también se han fragmentado por la imposición de la legislación nacional que ha transformado a las comunidades en juntas de vecinos[199]. Así, el poder de control y manejo que tenían los “viejos” que representaban la autoridad local en una comunidad, ha sido reemplazada por una junta de vecinos que posee un sistema de cargo diferente, desde la década de los sesenta en adelante. Es esta entidad la que reconocen los agentes estatales y con las cuales se relacionan. Estos cambios de autoridades, controles, administración de la justicia, que se imponen en las comunidades y en toda su territorialidad, representan tensiones de sistemas culturales diferentes y a veces contradictorios que no se limitan acá, porque incluyen también a los estamentos policiales y militares.

Entre las diversas demandas atacameñas, se encuentran algunas relacionadas con la constitución y saneamiento de las tierras reivindicadas por las comunidades indígenas, bajo un criterio de coherencia territorial; el reconocimiento y resguardo del Territorio Patrimonial Atacameño; la suspensión de la entrega de permisos de exploración y derechos de aguas subterráneos en el interior de la segunda región, mientras no se regularicen las tierras comunitarias y patrimoniales de las comunidades atacameñas; evitación del otorgamiento de tierras a terceros, dentro de la superficie reivindicada por las comunidades atacameñas; y fundamentalmente el reconocimiento, respeto y protección de la cultura atacameña[200].

Con todo, uno de los desafíos más importantes que enfrenta el Pueblo Atacameño frente al nuevo milenio, es de incorporarse a los adelantos de la modernidad, conservando la cultura e identidad étnica y que estos alcancen a todos los habitantes de las localidades andinas de la precordillera de la segunda región. De esta forma, si bien el desafío es aprender a vivir en una sociedad de mercado global, también supone la proyección del rico legado cultural de esta significativa población étnica[201].


[190] Gundermann, Hans. “Las organizaciones étnicas...” Op. cit.: 81-84.
[191] Rodrigo Valenzuela, “Políticas públicas y Desarrollo Indígena en Chile. Caracterización y Diagnóstico”. Documento de Trabajo Nº 19. Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Santiago. 2002. p. 43.
[192] Ibíd.: 44, 45.
[193] Subgrupo de Trabajo Pueblo Atacameño. “Informe Final”. Op. cit.: 53.
[194] Entrevista a José Luis Martínez por miembro del Equipo Redactor.
[195] Gundermann, Hans. “Etnicidad, identidad étnica y ciudadanía...” Op. cit.: 23, 24. Y el mismo autor: “Las organizaciones étnicas...” Op. cit.: 75, 76, 90.
[196] Castro, Victoria y José Luis Martínez. “Poblaciones indígenas de Atacama”. Etnografía. Sociedades indígenas contemporáneas y su ideología. Hidalgo, Jorge; Virgilio Schiappacasse, Hans Niemeyer, Carlos Aldunate, Pedro Mege (Comps.), pp. 69-109. Editorial Andrés Bello. Santiago. 1996. pp. 78, 79. Además, los autores agregan que “Muchas de las comunidades de la región, tienen una existencia que documentalmente puede fijarse desde el siglo XVII y, probablemente con anterioridad”. Ibid.: 79.
[197] Plaza, Orlando y Marfil Francke. Formas de dominio, economía y comunidades campesinas. DESCO. Lima. 1981.
[198] Castro, Victoria y José Luis Martínez. “Poblaciones indígenas...” Op. cit.: 79.
[199] Ibídem.
[200] Subgrupo de Trabajo Pueblo Atacameño. “Informe Final”. Op. cit.
[201] Ibíd.: 57.