7.
La democracia y la nueva legislación indígena durante los
‘90
A pocas
semanas de haber asumido el gobierno de la Concertación, se crea por
decreto supremo la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas
(CEPI), sucediéndose a través de ella un vínculo directo
entre los representantes de organizaciones indígenas, partidos
políticos y el gobierno. El resultado final, fue la promulgación
de la Ley Indígena en el año
1993.
La
Ley N° 19.253 permite promover, coordinar y ejecutar la acción del
Estado a favor del desarrollo integral de las personas y comunidades
indígenas en Chile, especialmente en lo económico, social y
cultural, y de impulsar su participación en la vida nacional. En la
línea de favorecer los programas de desarrollo integral, MIDEPLAN a
propuesta de CONADI, puede establecer Áreas de Desarrollo Indígena
(ADI) de acuerdo con el artículo 26° de la ley, las que quedan
definidas como “espacios territoriales en que los organismos de la
administración del Estado, focalizarán su acción en
beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus
comunidades.
Entre
las ADI creadas en el país, se encuentra San Pedro de Atacama -Decreto
N° 70 de marzo de 1997-. En diciembre de 1998, se constituyó
formalmente un Comité Directivo encabezado por el Intendente de la
Segunda Región e integrado por los once representantes de las comunidades
atacameñas; además del Gobernador de la Provincia de El Loa, la
Directora de CONADI San Pedro de Atacama y SERPLAC Segunda Región.
Acompaña este nivel central de toma de decisiones y análisis de la
realidad actual del pueblo atacameño, una Secretaría Ejecutiva
-dirigida por CONADI- y las unidades técnicas de Evaluación y
Planificación, y la Jurídica, que actúan como entidades
asesoras del Comité Directivo del
ADI.
En este contexto de políticas concretadas por el Estado hacia las
poblaciones indígenas en el territorio chileno, se incluye ahora -a
través de esta Ley- la dimensión de lo étnico en la
relación del Estado con las poblaciones atacameñas -entre otras
indígenas-, que al menos da cuenta del comienzo de una importante
iniciativa, aún en construcción.
De
esta manera el compromiso se va consolidando. Con la transición a la
democracia, el Pacto Nueva Imperial -1989- selló el compromiso
político y ético, entre los pueblos indígenas y partidos
políticos de la naciente Concertación; con ello también, se
asientan las bases de un acuerdo histórico de recuperación de la
dignidad de los pueblos originarios. Con el retorno a la democracia se
constituye la Comisión Especial de Pueblos Indígenas que presenta
el proyecto de ley, que finalmente genera la Ley Indígena 19.253 la cual
establece el reconocimiento de las comunidades atacameñas, como una de
las etnias constitutivas de la República de Chile. De este modo, la
CONADI implementó una serie de políticas de ayuda y desarrollo
social, tendientes a mejorar la calidad de vida y las condiciones materiales de
las comunidades indígenas que, en la actualidad, se han complementado con
otras iniciativas gubernamentales como la promulgación durante 1997 del
Área Indígena Atacama la Grande, que se ha traducido en una
esperada coordinación de todos los programas de Gobierno, en pro del
desarrollo de la etnia y pueblo
atacameño
(Ver Mapa Nº 9).
7.1.
Realidad actual y nuevas demandas
Debido
a las altas expectativas generadas por la nueva legislación
indígena y, por tanto del nuevo contexto en el que se sitúa la
población atacameña, se estaría produciendo un proceso de
reetnificación. Efectivamente, la cultura atacameña pasó
momentos muy silenciosos en que no se expresaba más que localmente. En
los últimos años, ha ocurrido un nuevo fenómeno de
reculturización en que numerosos jóvenes, especialmente, vuelven a
desplegar la imaginación propia de una cultura
viviente.
Este proceso llamado etnogénesis, apunta hacia dos décadas
atrás donde surgen organizaciones que se plantean objetivos dirigidos al
desarrollo de una etnicidad como distintividad, identidad étnica como un
nivel de identidad colectiva y un proyecto de pueblo. Esto resulta de una
coyuntura histórica que se originó bajo el gobierno militar en el
que se implementaban medidas decididas de asimilación e
incorporación. Más tarde y mediante el retorno de la democracia,
la situación se revierte mediante la promoción de la identidad
desde el Estado, intelectuales, iglesia, ONGs, partidos políticos,
circulación de discursos, etc. De este modo, la etnogénesis
postula una identidad étnica y la implementación de una forma de
ciudadanía diferenciada como una nueva forma de vinculación entre
los indígenas y el
Estado.
Respecto
al tema del agua, el problema de la legislación radica en que su
formulación se lleva a cabo lejos de los territorios afectados. Por lo
anterior, la Ley Indígena aún no es suficiente para solucionar los
problemas del pueblo atacameño. El agua continúa siendo un caso
muy representativo puesto que todavía existen conflictos sobre los
efectos que generan las operaciones de las empresas mineras con la
apropiación de este recurso. En esta Ley no se reconoce el derecho
ancestral de las aguas, las tierras y medio ambiente, los cuales son
usufructuados
por
las empresas mineras. Por ello, se solicita al Estado la aprobación del
Convenio Internacional 169 de la OIT, el cual ya ha sido ratificado por otros
países -Perú, Bolivia, Argentina-, junto con el reconocimiento
constitucional de los pueblos originarios de Chile, con sus derechos
ancestrales, lengua, organización socio-político y culturales.
Respecto
de la población atacameña, en el penúltimo censo de
población la adscripción a la etnia atacameña no fue
considerada respecto a la pregunta que solicitaba identificarse como
indígena y de qué etnia, situación que cambió con el
último censo de población y vivienda levantado en el año
2002. En la comuna de San Pedro de Atacama, algunas comunidades han crecido en
número de familias; mientras que otras, son pequeñas y compuestas
entre doce a catorce familias. De este modo, es importante manejar este tipo de
información para comprender claramente la situación actual de este
pueblo; información importante también, para identificar
políticas y programas de desarrollo para cada una de las realidades. Lo
anterior da cuenta de la importancia que tiene la institución de la
Comunidad en este territorio atacameño, que se manifiesta como la
organización más difundida. Ella es la que articula la red de
relaciones sociales, económicas y religiosas en torno a sus pautas
culturales.
Esto es sumamente importante, porque la Comunidad está constituía
por la organización comunal y por las familias -unidades
domésticas- que están asentadas en un territorio
colectivo.
Su campo de acción será la organización, manejo y control
de los recursos naturales y sociales, como la práctica de tareas
colectivas, control social y administración de la justicia. Además
otorga identidad, sentido de pertenencia a los miembros de una comunidad y
defensa de los intereses comunales. Las manifestaciones políticas y
sociales, ya sean colectivas o individuales, se expresan a través de la
Asamblea Comunal y sistema de
cargos.
Actualmente,
cada una de las organizaciones comunitarias atacameñas se ven afectadas y
tensionadas por los efectos de la economía de mercado y por las entidades
estatales que, de una u otra manera, han debilitado el manejo organizativo y esa
capacidad de controlar los recursos naturales más básicos -tierra
y agua, por ejemplo-. Asimismo, el control social y la aplicación de la
justicia local, también se han fragmentado por la imposición de la
legislación nacional que ha transformado a las comunidades en juntas de
vecinos.
Así, el poder de control y manejo que tenían los
“viejos” que representaban la autoridad local en una comunidad, ha
sido reemplazada por una junta de vecinos que posee un sistema de cargo
diferente, desde la década de los sesenta en adelante. Es esta entidad la
que reconocen los agentes estatales y con las cuales se relacionan. Estos
cambios de autoridades, controles, administración de la justicia, que se
imponen en las comunidades y en toda su territorialidad, representan tensiones
de sistemas culturales diferentes y a veces contradictorios que no se limitan
acá, porque incluyen también a los estamentos policiales y
militares.
Entre
las diversas demandas atacameñas, se encuentran algunas relacionadas con
la constitución y saneamiento de las tierras reivindicadas por las
comunidades indígenas, bajo un criterio de coherencia territorial; el
reconocimiento y resguardo del Territorio Patrimonial Atacameño; la
suspensión de la entrega de permisos de exploración y derechos de
aguas subterráneos en el interior de la segunda región, mientras
no se regularicen las tierras comunitarias y patrimoniales de las comunidades
atacameñas; evitación del otorgamiento de tierras a terceros,
dentro de la superficie reivindicada por las comunidades atacameñas; y
fundamentalmente el reconocimiento, respeto y protección de la cultura
atacameña.
Con
todo, uno de los desafíos más importantes que enfrenta el Pueblo
Atacameño frente al nuevo milenio, es de incorporarse a los adelantos de
la modernidad, conservando la cultura e identidad étnica y que estos
alcancen a todos los habitantes de las localidades andinas de la precordillera
de la segunda región. De esta forma, si bien el desafío es
aprender a vivir en una sociedad de mercado global, también supone la
proyección del rico legado cultural de esta significativa
población
étnica.
Castro, Victoria y José Luis Martínez. “Poblaciones
indígenas de Atacama”.
Etnografía.
Sociedades
indígenas contemporáneas y su
ideología. Hidalgo, Jorge; Virgilio
Schiappacasse, Hans Niemeyer, Carlos Aldunate, Pedro Mege (Comps.), pp. 69-109.
Editorial Andrés Bello. Santiago. 1996. pp. 78, 79. Además, los
autores agregan que “Muchas de las comunidades de la región, tienen
una existencia que documentalmente puede fijarse desde el siglo XVII y,
probablemente con anterioridad”. Ibid.: 79.