CONSIDERANDO:

1º.- Que el supremo decreto de 14 de marzo de 1853, prescribe como condición indispensable para la validez de los contratos de venta, empeño o arriendo por más de cinco años, de terrenos pertenecientes a indígenas o situados en aquel territorio, la intervención del Intendente de la provincia o del funcionario que él comisionare.

2º.- Que esta intervención tiene por objeto evitar fraudes, asegurándose de que el indígena que vende, empeña o arrienda obra con entera libertad y dispone de lo que realmente le pertenece;

3º.- Que semejantes prescripciones serían de todo punto ilusorias, desde que, pudiendo celebrarse dichos contratos en virtud de poderes otorgados al efecto por los indígenas, no se sujetara el otorgamiento de esos poderes a formalidades análogas.

D E C R E T O:

Artículo 1º.- Los poderes que se otorgaren por los indígenas para la venta, empeño o arriendo por más de cinco años, de terrenos de su propiedad, no tendrán valor alguno sino después de ser visados por el Intendente de la Provincia.

Artículo 2º.- Este funcionario no visará dichos poderes sin que le conste que el indígena que lo confiere, obra con entera libertad.