7.
La nueva legislación indígena durante los ’90
Con
la promulgación de la Ley orgánica Constitucional de
Enseñanza LOCE N° 18.962, en la víspera de la asunción
del gobierno democrático de Patricio Aylwin, se pone fin a las escuelas
de concentración
fronteriza.
“Los
noventa enfrentan el cierre definitivo de muchos establecimientos por el
despoblamiento de estancias y comunidades, producto de migraciones
económicas severas, precisamente cuando como nunca antes las innovaciones
curriculares son una oportunidad para la población andina
regional”.
Las
organizaciones aymaras reconocen que a partir de la promulgación de la
Ley 19.253 se configura un escenario más democrático para las
relaciones entre las
“etnias
indígenas” y el estado
nacional. Si bien se rompe, a partir de ella, con las dinámicas de
integración-asimilación que históricamente habían
caracterizado la acción del Estado, al posibilitar la
implementación de un conjunto de iniciativas tendientes al mejoramiento
de la calidad de vida de los pueblos originarios, así como al
fortalecimiento de su propia cultura e identidad, resulta claramente
insuficiente en lo referido al reconocimiento del carácter
pluriétnico del país, al no incorporar el concepto de
“pueblos”,
a la base territorial necesaria para el desarrollo indígena y a los
grados de participación política de las comunidades
indígenas en la toma de
decisiones.
Pero
en lo concreto, a partir de la ley indígena N° 19.253, se
regularizó el derecho de constitución de al menos “82
comunidades en la macroregión norte de Chile, de las cuales 16 se
reconocen para la comuna de Colchane, mientras que 6 corresponden a las
inscritas por la comuna de
Huara”.
7.1. La
realidad actual y nuevas demandas
La
población aymara del norte de Chile, es mayoritariamente urbana; es decir
que reside en sectores urbanos, particularmente en las ciudades de la costa, de
desierto y en localidades de la primera
región
(Ver Mapa Nº 5). De acuerdo a la información proporcionada por el
Censo de 1992, la población aymara se estima en 48 mil
personas.
De esta cantidad de población, dos tercios habrían migrado desde
su lugar de origen -las altiplanicies ubicadas en el sector fronterizo con
Bolivia y Perú-, hacia las ciudades y pueblos del desierto -por ejemplo,
Pozo Almonte- o a los puertos costeros más próximos -Arica e
Iquique, principalmente-. El tercio restante, mantendría su
carácter rural, campesino comunero o minifundista. La mitad de este
último sector, seguía habitando la región
altiplánica fronteriza y ocupándose principalmente de la
ganadería de camélidos, en tanto que el resto se distribuye en
pequeños valles y quebradas precordilleranas -bajo los 3.500 m sobre el
nivel del mar-, dedicándose al cultivo agrícola dependiente del
riego.
Lo anterior es fundamental para comprender que los aymaras ya no son ni
serán presumiblemente una minoría rural; en contraparte y como
segmento de población urbana de la región de Tarapacá, no
pueden sino entenderse como una realidad
urbana.
Por
otra parte, uno de los problemas más graves que afecta a las comunidades
aymara del altiplano, es la privatización y pérdida de sus aguas
ancestrales en virtud del Código de Aguas (DFL N° 1.222) dictado por
el régimen militar en el año 1981. La aplicación de este
Código en la zona durante esos años, permitió el desarrollo
de un proceso de apropiación de las aguas ancestrales de los aymaras por
parte de compañías mineras, privando a sus comunidades de este
recurso vital para el desarrollo de sus actividades agrícolas, provocando
impactos ecológicos en el desecamiento de bofedales y acentuando la
migración de sus
habitantes.
Las
sucesivas políticas de chilenización que ignoraron el
reconocimiento étnico, han afectado profundamente a la sociedad aymara,
tanto en el ámbito cultural como económico. En la actualidad,
producto de este proceso es posible distinguir dos segmentos diferenciados entre
los aymaras que aún habitan las zonas rurales:
a)
Pastores agricultores del altiplano que trabajan en forma independiente y cuyo
vínculo con el mercado regional es muy débil o
prácticamente inexistente. Ellos tienen un arraigo a su identidad
cultural e instituciones tradicionales; se encuentran asentados en
pequeños caseríos y poblados dispersos, y conservan algunas
funciones económicas y sociales comunitarias.
b)
Campesinos, pequeños propietarios agrícolas, parceleros de valles:
su producción agrícola está más vinculada a los
mercados regionales y entre ellos se relacionan por lazos parentales. Se
encuentran localizados en poblados, con una interacción de vecindad y con
acceso a mayores ingresos
monetarios.
Estos agropastores andinos, tienen parcelas bajo riego y terrenos de secano en
propiedad individual, mientras que en uso comunal comparten los pastizales
pertenecientes a cada una de las comunidades y de usufructo de todas las
familias.
Finalmente
y en palabras del Pueblo Aymara,
“El
proceso de desarrollo del Estado de Chile, se basa en ideas como el crecimiento,
la competencia, la acumulación de capital, la incorporación de
tecnologías y el manejo de información. Si bien algunos hermanos
han logrado incorporar algunas de estas ideas, la mayoría de ellos que se
mantienen en sus comunidades de origen, son personas de edad vinculadas a
prácticas tradicionales de cultivo de la Pachamama. Para nosotros el
concepto de desarrollo occidental, con cualquier apellido que quiera
ponérsele no refleja nuestro pensamiento como Pueblo Aymara. Preferimos
hablar de la “Suma Qamaña”, el “vivir bien” en
armonía. Esta idea es igual a la sumatoria crecimiento material,
más crecimiento espiritual, más gobierno de los
ecosistemas.”
Subgrupo de Trabajo Pueblo Aymara. “Informe Final Preliminar” Op.
cit. Arica. 2003.